Hace más de un mes el ejecutivo creó​ una comisión multisectorial para la evaluación del sistema previsional. La comisión estará conformada por altos funcionarios del MEF, el BCR, el Ministerio de trabajo, la SBS y la PCM; la meta es construir una propuesta de reforma hacia inicios del próximo año. Las instituciones seleccionadas tienen un carácter técnico y profesional. Ciertamente, conocen de la importancia de las inversiones o ahorro durante la vida laboral, para conseguir la mejor perspectiva económica una vez que esta termine. 

​Si bien la comisión evaluaría los diferentes mecanismos para recibir una pensión (AFP, ONP, y Pensión 65), quiero enfocarme en el sistema privado de pensiones. 

A pesar del carácter técnico de la comisión, escribo para alertar sobre el peligro de que esta se enfoque solamente en aumentar el ahorro forzado, la cantidad de ciudadanos a las que fuerza ese ahorro, y el monto acumulado final. Eso sería un error. El objetivo final de la comisión debería ser maximizar el bienestar económico de los ciudadanos. Aunque relacionado, esto no es igual a conseguir el monto más elevado posible al momento de la edad de retiro. 

En mi opinión, hay una serie de puntos claves que la comisión debería considerar para no infligir daño a los ciudadanos: 1) El ciclo de vida de las personas y el bajo nivel de ingresos, 2) las restricciones de acceso al crédito competitivo, y 3) la heterogeneidad de las decisiones/shocks que los hogares reciben. Bajos ingresos del hogar y heterogeneidades es algo que los economistas con enfoque macroeconómico, a veces, pueden no considerar. 

Empecemos con que hay ciudadanos cuya edad hace que “no” deban ahorrar el 10% de sus ingresos cada mes. Las personas relativamente jóvenes se suelen endeudar para conseguir capital físico (vehículo, muebles, aparatos de cómputo, etc) o capital humano (maestrías, diplomados, etc.). En estos momentos, lo mejor/óptimo es “no” forzar el ahorro. El dinero sería mejor usado si es que se permiten estas “inversiones”. Un posible arreglo sería tener tasas de ahorro forzado bajas para jóvenes (incluso cero hasta los 23 o 25 años), que se incrementen de manera escalonada hasta llegar al conocido 10%. 

Por otro lado, hay peruanos con un ingreso formal y dependiente, pero de un monto desafortunadamente bajo. En estos casos, de nuevo, “no” es correcto forzar el ahorro. En estos casos, forzar el ahorro (con un retorno en el muy largo plazo) puede llevar a disminuir su bienestar. Si es que la reducción del consumo es inevitable, el ahorro forzado simplemente los lleva a endeudarse (formal o informalmente). Esa acción, en verdad, reduce el bienestar. Es simplemente dañina. Una regla simple de la cual partir (o adaptar) podría ser que, si una persona paga cero de impuesto a la renta, no debería ser forzada a ahorrar. Es decir, si actualmente el estado considera que una persona tiene un ingreso tan reducido que no debe pagar impuesto a la renta, se encuentra en una situación tal que tampoco debería ser forzada a ahorrar. 

El argumento anterior está relacionado con el diferencial de tasas de interés, y las restricciones al crédito. La tasa de retorno a los ahorros (inclusive el de las AFPs) es menor a la tasa de interés de un préstamo. Veamos un ejemplo simple. Si le fuerzan a ahorrar S/. 1000 bajo una tasa de retorno 10% pero usted tiene que gastar esos S/. 1000 (para pagar por una enfermedad, o pagar inversión en educación, o para comer), lo que va a suceder es que usted termine endeudándose por esos S/ 1000 a una tasa de 20%-30%. Entonces, en realidad, le han ocasionado un daño. Pues, tiempo después, le entregarán S/. 1100, orgullosos del desempeño del sistema; pero nadie se fijará en que ahora usted tiene que pagar una deuda por S/. 1300. Al final, el forzar el ahorro habría reducido el monto total disponible. En realidad, se habría reducido el bienestar económico de su hogar. 

Un peor escenario sería si usted no se puede prestar (formal o informalmente). Ahí las opciones serían no invertir en educación (suya o de sus hijos) o reducir su consumo de vestido y alimentos. Ambas decisiones pueden tener efectos dañinos en el largo plazo. 

Mi último punto es sobre la alta heterogeneidad de los hogares, y como la regla de “siempre” ahorrar 10% de los ingresos mensuales no es adecuada en algunas circunstancias. Existen momentos donde “no” es óptimo ahorrar. Gastos grandes en la salud de un familiar cercano puede ser un ejemplo fácil de entender ¿Qué sucedería si usted tiene el dinero “ahorrado” (forzadamente) por el sistema, pero no puede usarlo para pagar por la salud de un familiar? El resultado, en esa situación, puede en verdad ser terrible. Otro ejemplo claro, podría ser un largo desempleo antes de los 50s ¿Qué sucede si usted se encuentra desempleado por mucho tiempo a sus 47 años? El monto ahorrado en su AFP, le permitiría invertir en educación (para ser nuevamente competitivo en el mercado laboral) o en una pequeña empresa, pero actualmente no existe forma que usted acceda a este. En esos casos ¿De qué sirve que un funcionario le asegure que su dinero esta protegido en una cuenta individual a la que usted tendrá acceso solo cuando se retire (o tengan 50 años y este desempleado por doce meses)? 

En este sentido, vale la pena por lo menos conversar sobre el PL 2065, por verse en la comisión de economía del congreso. Dar libre acceso a una parte de los ahorros forzados cada cierto tiempo (por ejemplo; a los 35, 45, y 55 años) puede ser una mejora al sistema actual (entiendo, el proyecto sugiere acceso al 100% a los 40 años). 

Termino señalando que todos estos argumentos no niegan la importancia de la inversión y el ahorro durante la vida económica activa para asegurar un adecuado nivel de bienestar durante el retiro. Sin embargo, es vital establecer un sistema ahorro (previsional) suficientemente flexible; que tenga en consideración el ciclo de ingresos de una persona; que reconozca que imponer una tasa fija de ahorro puede no ser beneficiosa para ciudadanos con salarios bajos, que sería óptimo que los ciudadanos tenga acceso a parte del monto ahorrado (forzadamente) cada cierto tiempo (10 años?, 5 años?), y que existen posibles eventos inesperados de los hogares en los que deberían tener libre acceso a sus ahorros. Debe quedar claro que el objetivo de tener un “mayor fondo pensionario dentro del sistema financiero a toda costa”, no es igual a conseguir las mejores condiciones económicas para los ciudadanos al momento de pasar al retiro. 

De nuevo, las instituciones integrantes de la comisión tienen un carácter técnico y profesional, pero aún si es que cuenta con los mejores profesionales del sector público, si el objetivo específico de la comisión se centra solamente en aumentar el ahorro forzado, sus recomendaciones pueden ser contraproducentes al bienestar general de una parte significativa de la sociedad.