El Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico (UP) presentó el “Prácticas de gestión social en la industria minera peruana”, un estudio sin precedentes en el Perú y el mundo que tiene como objetivo proporcionar una visión general de las prácticas actuales de gestión social dentro en las empresas mineras del país.
La investigación realizada gracias al apoyo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estuvo a cargo de David Brereton, profesor emérito y director fundador del Centre for Social Responsibility in Mining (CSRM) de la Universidad de Queensland; Álvaro Cano, investigador asociado del CEMS y profesor de la UP, y el sociólogo Álvaro Paredes. Se basa en una encuesta de 112 preguntas a 26 empresas mineras, que logró evaluar a diferentes compañías bajo los mismos estándares de gestión social: relacionamiento, comunicación y transparencia; sistemas y procesos de gestión; desarrollo local e inversión social; gestión y prevención de conflictos; derechos humanos, género y derechos indígenas.
Participó en la presentación el viceministro de Minas, Luis Miguel Incháustegui, quien felicitó el estudio sobre gestión social y resaltó la importancia de la ética técnica y transparente de las políticas públicas que regulan el sector para garantizar una minería socialmente responsable. Por su parte, el presidente de la SNMPE, Luis Marchese Montenegro, manifestó optimismo frente a los resultados dado que muestran progreso en la gestión social de las empresas mineras del país, e indicó que el SNMPE ha formado una mesa de trabajo para proponer mejoras en temas de derechos humanos.
Resultados
El informe revela que la mayoría de empresas mineras participantes en el estudio han formalizado su gestión social en alguna medida, aunque difieren en la fuerza y la sofisticación de sus sistemas internos de gestión.
Por ejemplo, el 96% de compañías tiene una estrategia de inversión social en marcha; el 92% ha elaborado políticas y normas internas; y el 88% cuenta con un plan de gestión social. Además, la mayoría de empresas invierten en iniciativas de salud y educación, y el 77% apoya programas locales de desarrollo y liderazgo, así como la capacitación y el desarrollo de habilidades para funcionarios locales.
Sin embargo, sobre estándares de transparencia aún queda trabajo por hacer. Solo el 46% comparte sus informes de sostenibilidad con las comunidades locales, y el 35% audita estos informes de manera independiente. Respecto a conflictos sociales, 18 de 26 empresas experimentaron algún nivel de conflicto con la comunidad local lado, el 23% monitorea el impacto de género de sus proyectos y programas, y solo el 31% son signatarias de algún estándar internacional sobre derechos humanos.
No obstante, es importante reconocer que, hace 15 o 20 años, estos temas no estaban en el radar de las empresas mineras, por lo tanto se ha encontrado una notable mejoría y sistematización de la gestión social en los últimos años. El reporte recomienda que las empresas mineras incrementen las auditorías externas de sus informes y estándares, y participen más activamente en procesos locales y regionales de planificación.
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