​Las reservas del Gas de Camisea son unas de las más importantes de gas natural de la región y a partir de ellas se desarrolla el Proyecto Camisea. El proyecto se inició con las operaciones de exploración en 1981 y el posterior descubrimiento de los yacimientos entre 1983 y 1987. Tras años de desarrollo de estudios y negociaciones, en diciembre de 2000 se firmó el contrato de para el desarrollo del Proyecto y se adjudicó a diferentes empresas contratistas responsables de cada etapa del mismo: la explotación de los yacimientos, el trasporte y distribución del recurso.

Tras el tuit y posterior visita del premier Bellido a una de las empresas contratistas, en la que dejó una carta citándolos para una reunión de renegociación el próximo miércoles 6 de octubre, saltan a la palestra diferentes preguntas: ¿Ese es el mecanismo correcto para iniciar un proceso de negociación? ¿qué puntos deberían considerar la renegociación?, etc.

Andrés Calderón, profesor y jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico (UP), analizó las formas con las que se ha planteado la renegociación y explicó que el Estado puede firmar contratos, pero cuando negocia con una empresa privada lo hace en igualdad de condiciones y, en este caso, la empresa estatal Perú Petro fue la que firmó el contrato del proyecto Camisea, por lo que le corresponde a esta propiciar una renegociación como parte del contrato.

En este sentido, agregó que, si existiera una voluntad real para la renegociación del contrato, hay que considerar que las formas son importantes, no solo desde aspectos políticos, sino incluso ante eventuales controversias internacionales.

"Si es que alguien realmente quisiera renegociar y quisiera encontrar alguna mejora en el contrato, hacerlo a viva voz, gritando o con un tuit, sin haber tenido una aproximación previa, sin haber tenido un planteamiento más aterrizado, más específico, no es una buena estrategia.  Cualquiera que quiere negociar con alguien siempre trata de tener una relación de cordialidad o trata de convencer a la otra parte de que a través de esa renegociación ganamos todos", sostuvo.

Asimismo, resaltó que proceder con la figura de la "nacionalización" sería esconder una expropiación del proyecto, lo que consistiría el desconocimiento de los derechos que corresponden por la firma del contrato del mismo, lo que generaría un efecto indebido.

El fondo de la renegociación

Por su parte, Germán Alarco, profesor Departamento Académico de Gestión y miembro del CIUP, señaló que no debería existir extrañeza alguna ante la intención de renegociar un contrato cuando una de las partes no está conforme con el acuerdo o se han producido circunstancias que lo ameriten, lo que incluso está contemplado dentro de los mismos documentos. "En el caso del proyecto de Camisea el país pretendería mejorar sus condiciones dentro del marco legal, lo cual es perfectamente legítimo", argumentó.  

En su opinión, la renegociación debería tener como prioridad, en todos los lotes y contratos de explotación del gas natural, la atención al consumo interno y, en segundo, lugar la extensión de la mejora en los precios para el mercado doméstico, tanto para el gas natural como para los líquidos del gas (propano y butano especialmente), que se utilizan en el GLP.  

"Hay que aprovechar la ventaja comparativa que significa poseer gas natural al tratarse de un energético más barato y menos contaminante que los derivados del petróleo. La masificación del uso del gas natural no sólo disminuiría las importaciones de derivados del petróleo, sino que reduciría los costos energéticos para familias y empresas entre 1 y 2% del PBI anualmente. Esto contribuiría a la mejora del bienestar de todos los peruanos", resaltó. 

Asimismo, enfatizó que esta renegociación de los contratos debe acompañarse con diversas actividades para que tenga sentido como: avanzar con el Gasoducto del Sur Peruano; diseñar y desarrollar otros gasoductos; ampliar las redes de distribución urbana que se han concesionado años atrás; establecer redes de distribución en otras ciudades de la sierra sur (como las anunciadas por el Gobierno); y obligar el uso del gas natural vehicular en todo el transporte público urbano e interurbano a nivel nacional con programas de financiamiento vía el precio del GNV; y apoyar la conversión de procesos industriales.