El primer año del gobierno de Pedro Castillo nos deja un balance negativo para la minería: Si bien se registra un incremento en la inversión minera en los primeros meses del año 2022 (MINEM, 2022), el Gobierno reporta la disminución de la producción de algunos metales como el cobre (-0.3%), oro (-1.7%, zinc (-15.4%), plata (-7.1%) y plomo (-6.4%). Al mes de abril, el PBI registró una variación interanual negativa de 4.7% por una menor producción en metales clave como cobre, zinc, oro y plata. Los conflictos sociales alrededor de las industrias extractivas - si bien no son un tema nuevo o desconocido para el país y el sector- se han intensificado y escalado, dejando patente la ausencia de una estrategia y políticas claras para el sector minero y la gestión y resolución de los conflictos.
Si bien es cierto que el gobierno ha publicado recientemente una estrategia la Estrategia de lucha contra la minería en áreas naturales protegidas de administración nacional 2022-2027 (MINAM), dirigida a la lucha contra la minería ilegal en zonas protegidas, pareciera que ha decidido visibilizar un problema amplio desde un único frente: el de resolver las consecuencias de una ausencia estructural de políticas públicas para la minería artesanal e informal.
Se prevé a corto plazo la promoción de una nueva ampliación de la Ley N° 27623, la cual permite la devolución del IGV e IPM a empresas que desarrollen actividades de exploración. La mencionada ley fue ampliada en el 2019 y termina el 31 de diciembre del 2022. Esta parece ser la única carta que juega el gobierno respecto a un sector que enfrenta muchos retos, tanto sociales como productivos y de competitividad. Esta situación no es alentadora en el contexto actual de inestabilidad económica mundial.
Mirando adelante, el Ejecutivo debe establecer, a corto plazo, claras prioridades e implementar acciones consistentes y coherentes con las mismas. En otras palabras, una estrategia que, por un lado, se enfoque en generar un ambiente propicio para que la producción se desarrolle normalmente y por el otro, salidas razonables a las demandas de las comunidades y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el estado.
A mediano y largo plazo, es claro que las inversiones en gobernanza ambiental y social (ESG- Environmental, Social and Governance) como un impulso hacia la sostenibilidad han cobrado mayor relevancia en el sector. En la medida que estos lineamientos son cada vez más importantes para la industria global, los ejes sociales, ambientales y de gobernanza serán a su vez cada vez más importantes en la atracción de inversiones en el sector.
El país necesita entonces, estrategias y políticas claras encaminadas a la resolución de las tensiones existentes y el cierre de brechas sociales y ambientales. Y para eso, el gobierno debe atraer y retener autoridades, funcionarios y profesionales experimentados y competentes y estables. Es momento que Castillo genere líneas de acción prioritarias para poder gobernar y mover el país adelante.