Cumplir con el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de las víctimas de crímenes de lesa humanidad es una tarea aún pendiente. Sin embargo, para las víctimas de abusos de parte de empresas que se aliaron a Gobiernos durante conflictos armados y regímenes autoritarios esta búsqueda es incluso más compleja. El poco o nulo reconocimiento de dichos crímenes en la vía judicial y política ha hecho que las heridas del pasado aún no se curen. 

En la charla sobre Empresarios y Justicia Transicional en América Latina, la doctora Leigh A. Payne, profesora del Departamento de Sociología en el Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford, define la “justicia transicional” como un mecanismo de transición de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz. Para completar la transición, debe garantizar los derechos de las víctimas y las exigencias políticas. Para ello, se usan acciones judiciales y otras que no lo son, como la elaboración de informes de las Comisiones de la Verdad. 

La llamada “brecha de víctimas” se debe a los obstáculos que han bloqueado la rendición de cuentas, en este caso, por parte de compañías del sector privado. Leigh A. Payne, también profesora del St. Antony’s College de la misma universidad, cree que la justicia llamada transicional, enfocada en la responsabilidad empresarial, puede reducir dicha desigualdad. 

El texto Transitional Justice and Corporate Accountability from Below: Deploying Archimedes’ Lever, escrito por Leigh A. Payne, Gabriel Pereira y Laura Bernal-Bermudez; presenta una ardua investigación realizada por más de seis años en la que se construyó una base de datos con información de las Comisiones de la Verdad y acciones judiciales a nivel mundial. Aquí se encontró a más de mil actores económicos en 62 países que fueron procesados de forma judicial o por sus actos de complicidad durante periodos de violencia. 

Identificaron un claro protagonismo de Latinoamérica puesto que el 50% de los informes de las Comisiones de la Verdad está concentrado en la región; y de los 53 juicios nacionales contra empresas, 51 pertenecen a América Latina. La razón, explica Payne, puede deberse a “algo endógeno en la creación de la justicia transicional y en la inclusión de actores económicos en estos procesos”. 

Asimismo, la complicidad empresarial está nombrada en solo 23 de 39 informes finales de las Comisiones de la Verdad; de estos, casi la mitad (48%) pertenecen a la región latinoamericana. Pese a dichos hallazgos, estas menciones se hicieron sin tener un mandato de investigación. “Muchas veces las comisiones empiezan la historia de justicia transicional. Hay actores e innovadores institucionales dentro de las comisiones de la verdad que están escuchando los testimonios de víctimas, investigando casos e incluyeron las historias de esta relación entre comunidades y actores económicos”, precisó Payne, doctora por la Universidad de Yale.

El caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú se encuentra en el promedio, al identificar a cuatro empresas vinculadas a crímenes de lesa humanidad. La profesora señala que gracias a “la movilización de los trabajadores y de las comunidades, llegaron a ser testimonio en los informes de la Comisión de la Verdad”, indicó la autora. 

Para Payne, el tratamiento de las empresas en el informe de la CVR es explícito: “habla de las empresas o los actores económicos como cómplices de la guerra”, de los empresarios como responsables de la represión dentro de sus zonas de operaciones, y de la violencia como método conocido por las empresas. 

Payne concluyó que la justicia transicional aún no ha tocado las raíces de la violencia en la lucha contra la desigualdad y tampoco ha atendido el problema de la impunidad de la que gozan algunos actores con capacidad de veto o poder económico. Aseguró que “si pensamos en justicia transicional como un mecanismo para mejorar las democracias y también el estado de derechos humanos en la región, tenemos que pensar también en los actores económicos y su complicidad con esta impunidad y estas violaciones”.