​Las posturas anti vacunas vienen cobrando notoriedad frente al impulso que los estados brindan a la vacunación como una estrategia y política pública para frenar el avance de la pandemia generada por la COVID-19. Con este fin, algunos países y estados dentro de países federados vienen adoptando medidas más drásticas para impulsar la vacunación y contener a quienes no desean vacunarse, a fin de que no pongan el peligro de otros ciudadanos.

En este sentido, el Ejecutivo peruano publicó el Decreto Supremo (DS) 168-2021-PCM, que en sus artículos 14.5 al 14.8 indica la obligatoriedad de presentar el carné de vacunación contra la Covid -19 para realizar ciertas actividades económicas, de trasporte y acceso a lugares públicos cerrados, lo cual fue criticado y calificado como una medida inconstitucional por parte del congresista Alejandro Muñante, vocero alterno de la bancada de Renovación Popular.

En opinión de Ana Neyra, profesora de Derecho de la Universidad del Pacífico (UP), no podría considerarse a los artículos mencionados del DS mencionado como inconstitucionales, salvo alguna excepción puntual.

"La finalidad que está detrás de estas medidas es el derecho a la salud pública, que tiene un sustento constitucional en el artículo 7 de la Constitución, por lo que tiene legitimidad. Aunque algunos lo discuten, creo que la medida permite lograr el fin sin afectar de manera excesiva otros derechos, porque no se trata de obligar a la vacunación, sino de generar incentivos para que la gente se vacune, al condicionar el transporte interprovincial y el acceso a lugares cerrados a que se cuente con la vacunación completa. Es importante identificar esa finalidad, especialmente porque la vacunación no impide la transmisión de la enfermedad. Creo que la afectación al libre tránsito o al libre desarrollo de la personalidad, si bien son restringidos no lo son de tal manera que justifique la no satisfacción del derecho a la salud pública", señaló Neyra.

No obstante, en cuenta a las restricciones relacionadas al ámbito laboral, específicamente el artículo 14.7, que indica que a partir del 15 de diciembre toda empresa con más de diez trabajadores sólo podrá operar de manera presencial si todos sus trabajadores acreditan su dosis completa de vacunación, podría ser la más discutible, ya que a diferencia del traslado interprovincial o el ingreso a espacios públicos, en ese caso sí se pone en juego un derecho de relevancia como es el derecho al trabajo.

"En ese sentido, considero que limitar el derecho al trabajo podría ser lo más cuestionado. Sin embargo, también es cierto que podría justificarse, pero nuevamente, solo como incentivo porque la transmisión puede darse entre vacunados y no vacunados. Y a fin de que así se logre el nivel de vacunación que permita un retorno a la normalidad. En todo caso, si bien son afectaciones fuertes, pensaría que, en último término, se justifican por un tema de salud pública", sostuvo.

Por otro lado, así como quienes cuestionan la vacunación y su obligatoriedad para realizar algunas actividades en espacios públicos o actividades económicas, por otro lado, surge el cuestionamiento sobre si la decisión de no vacunarse es éticamente correcta. Para Alonso Villarán, profesor de Ética de la UP, este tema puede analizarse desde varias perspectivas, por lo que él propone analizarlo desde la ética de la virtud.

Villarán explica que, de acuerdo con Aristóteles las virtudes son modos de ser que nos permiten vivir racionalmente y, así, alcanzar nuestro bien supremo: el florecimiento o felicidad. Según el filósofo, estas virtudes regulan la manera cómo actuamos y sentimos. Son varias, pero hay cuatro cardinales: moderación, valentía, justicia y prudencia. Además, se ubican en el medio de dos vicios: uno por exceso y otro por defecto. Por ejemplo, la valentía regula el miedo y se ubica en el medio de la cobardía (miedo en exceso) y la temeridad (muy poco miedo).

"La pandemia ha puesto a prueba nuestras virtudes: la valentía, por ejemplo. Como en un teatro en el que también somos actores, hemos visto personajes valientes, cobardes y temerarios. Valientes, por ejemplo, han sido todos los trabajadores "esenciales", como los de Salud. Arriesgando su vida, no abandonaron su puesto. Cobardes, por su parte, fueron los políticos que corrieron a vacunarse a escondidas cuando aún no les correspondía. Temerarios, finalmente, fueron los que se rehusaron a usar mascarilla y, hoy, los que se rehúsan a vacunarse cuando la efectividad de la vacuna está comprobada. Busquemos, pues, el justo medio de la virtud. Y no solo en lo referido al COVID-19 y la valentía", reflexionó. 

Seguridad y salud

En la actualidad, la pandemia generada por la COVID–19 se ha recrudecido en países de Europa central y oriental, principalmente debido al estancamiento y bajo índice de vacunación. En este contexto, gobiernos como Alemania, Bélgica y Austria han endurecido sus políticas para evitar el contagio mediante el cierre de fronteras, las cuarentenas generales y focalizadas, así como el impulso de las campañas de vacunación a través de la exigencia del carnet de constancia para el acceso a algunos servicios públicos y actividades laborales. Un agravante más es el reciente descubrimiento de la variante Ómicron, lo que ha generado la restricción de vuelos provenientes del sur de África, donde las tasas de vacunación no alcanzan al 20% de la población, según la BBC.

"El incremento de casos COVID-19 puede deberse a dos razones: variantes nuevas o aumento de la carga viral, eso asociado a disminución de las medidas de bioseguridad. Recordemos que, si bien la tasa de vacunación en Europa tiene niveles óptimos, la apertura de fronteras, control de aforos y uso de equipos de protección personal, han sido medidas mucho más laxas que las que se tomaron en Perú", puntualizó Paula Ponce de León, médica y profesora de Pacífico Business School.

En este sentido, reiteró que la vacuna no elimina el contagio o transmisión del virus, hasta este momento solo se ha demostrado la disminución de síntomas y la gravedad, por lo que la solicitud de carnet de vacunación se presenta como una medida de control sanitario debido a que disminuye el riesgo de transmisión de la enfermedad; disminuye el riesgo de contagio en lugares cerrados; y permite la reactivación económica y laboral. 

"En Perú las medidas de control sanitario que regirán desde el 15 de diciembre, buscan potenciar la reactivación económica, permitir el retorno al trabajo presencial e incrementar aforos en lugares cerrados, esta medida brindará mayor seguridad, pero no reemplaza al lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarillas", enfatizó Ponce de León.

En cuanto a la eficacia de las vacunas, explicó que la evidencia en el mundo determina que el 90% de hospitalizados graves son no vacunados o personas con vacunas incompletas.

"Es importante considerar que, en Perú, el día 22 de noviembre tuvimos 773 casos nuevos y si consideramos que el promedio de los últimos 7 días es de 1,392, podríamos estimar una disminución. Si bien las cifras pueden ser alentadoras, es importante que consideremos que la disminución de casos nuevos no está en relación al incremento de la tasa de transmisión, por lo cual es de suma importancia continuar con todas las medidas de seguridad", refirió.

No obstante, el surgimiento de la nueva variante Ómicron podría generar un revés importante en la lucha por superar la pandemia a nivel global.

La evidencia en favor de las políticas públicas

De acuerdo a lo expuesto por Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la UP, en la conferencia "Evidencia como fundamento de mejores políticas públicas", organizado el marco de la Semana de la Evidencia 2021 por la Escuela de Gestión Pública y el Centro de Investigación de la UP, existe una parte del proceso de vacunación – como política pública – que no está bajo el control de los servidores públicos y que es donde interviene la respuesta del usuario, la toma de decisiones por parte del ciudadano sobre los servicios de salud presados, que cuando no es tomada en cuenta, muchas veces el resultado de la política pública no es el deseado: un nivel de vacunación que alcance la inmunidad de rebaño.

En este sentido, señaló que la evidencia generada por la academia, en referencia al estudio "Hay vacunas, pero ¿me vacunaría? Propuestas para superar la reticencia a vacunarse contra el COVID-19 en el Perú", puede ser empleada como una pieza adicional que empuje un efecto dominó en el proceso de vacunación, a fin de lograr diseñar adecuadamente estrategias pensando en los usuarios, como la proporción información para generar confianza en el proceso y, especialmente, para contrarrestar los mitos y fakenews creadas en torno a la vacunación, en particular en torno a la vacuna de Sinopharm.

"Cuando el servidor público utiliza esta información que la academia produce se está generando ese círculo virtuoso que permite generar la efectividad que se espera, pero al mismo tiempo reforzar o empezar a generar esta gestión de conocimiento que empieza a institucionalizarse en las organizaciones. Cuando ya están tomando decisiones basadas en la evidencia , no en base a la intuición, empieza a generarse esta cultura en base a los datos, a la información, a la perspectiva del usuario que recibe este servicio y se genera esta capacidad estatal de la que todos hablamos y decimos que hace falta, lo que su vez se traduce en una mayor generación de confianza y reforzamiento a este pacto social que todos queremos que se refuerce", destacó.