¿Puede un Presidente disolver el Congreso, instaurar un gobierno de emergencia, gobernar por decreto y convocar a elecciones para elaborar una nueva Carta Política desconociendo la Constitución? Hacerlo es un golpe de Estado. El más grave delito que en una democracia puede cometer un Presidente que juró defender la Constitución, y que es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y personifica a la Nación. Sin embargo, según las encuestas un porcentaje importante de la población respaldó lo sucedido. Para IPSOS el 33% y para IEP el 44% de los encuestados. Un 5 de abril de 1992, un alto porcentaje de la ciudadanía apoyó el golpe de Estado ¿Por qué?
Una de las razones es la falta de confianza y credibilidad en las instituciones. La ciudadanía no se siente representada. Vivimos una crisis de representación. Votar cada cinco años en elecciones generales o cada cuatro años en elecciones regionales y locales no basta. No hay mayores controles efectivos frente a la conducta de nuestros representantes y de los partidos que acceden al poder. Es necesario diseñar nuevos mecanismos de participación y control –la tecnología puede ayudar- y fortalecer los existentes. Para ello, hay que vincular a la sociedad multicultural y con diversos intereses que no se siente representada y vive, muchas veces, al margen del Estado. Todos y todas tenemos derecho a participar, sin exclusiones.
A lo largo de la historia, gran parte de nuestras instituciones constitucionales, especialmente, aquellas vinculadas a la forma de organización del poder, se han incorporado “fusionando" experiencias europeas, norteamericanas y españolas en una sociedad distinta y fragmentada como la nuestra. En los últimos años, hemos vivido el debate y la puesta en práctica de la “cuestión de confianza" y la “disolución parlamentaria". Dos instituciones procedentes de modelos parlamentarios europeos, incorporadas en un régimen presidencial de origen norteamericano, adoptado en el Perú desde el siglo XIX. Esta “fusión" de ingredientes distintos –inimaginable en sus países de origen-, nos ha dejado un potaje que no ha contribuido a la gobernabilidad.
Para el 2023, uno de los retos de un Derecho comprometido con la realidad, es revisar críticamente lo sucedido, examinar sus causas y enfrentarlas. Los parches no son suficientes. Se requiere una labor de ingeniería constitucional para diseñar las reglas institucionales clave, particularmente en cuanto a la organización del poder, que contribuyan a que la ciudadanía sienta que las instituciones son suyas, funcionan y atienden sus derechos. El diálogo y el debate son fundamentales. No existen recetas perfectas y tampoco es indispensable una Asamblea Constituyente. Sin cambios, repetiremos la historia y viviremos cada cierto tiempo una “nueva" transición democrática, sin posibilidad de alcanzar un grado superior. Después de veintiún años de culminado el gobierno del Presidente Valentín Paniagua, nos queda mucho por transitar.