​Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2020, 281 millones de personas vivían en un país distinto del que los vio nacer, cifra 60 millones mayor que la registrada en 2010 y 10 millones mayor que en 2019. Podemos ver que, aun en medio de una pandemia, la migración internacional continuó creciendo.

En el caso del Perú, las cifras indican que, a setiembre de 2021, alrededor de 1.3 millones de ciudadanos venezolanos había entrado al país (la mitad de ellos en 2018), lo que nos ubica como el segundo destino de migrantes venezolanos a nivel mundial. En cuanto a su estado migratorio, del total de migrantes, a 363 mil se les ha concedido permisos de residencia y de estancia regular, lo que ubica al Perú como el tercer país con el mayor número de estos permisos concedidos, solo por detrás de Colombia (730 mil) y Chile (610 mil). No obstante, el Perú se ubica en el primer lugar como el país con más solicitudes pendientes de la condición de refugiado, con más de 530 mil pendientes a junio de 2021, lo que lo convertiría en el primer país receptor de migrantes venezolanos con necesidad de protección internacional.[1]

Mucho se ha discutido sobre el efecto de la migración venezolana en el país. Según encuestas de opinión, desde el inicio, hubo una marcada oposición de la mayoría de peruanos a su ingreso al país, debido a las creencias de que "quitarían" empleos a los peruanos y de que aumentaría la inseguridad ciudadana; ambas presunciones, claramente sobredimensionadas, pero que se han acentuado, en lugar de reducirse. En efecto, según IDEH PUCP, la percepción de que los migrantes venezolanos quitan puestos de trabajo pasó de 73% a 76% y a 82% en 2018, 2019, y 2021, respectivamente, mientras que la opinión de que se les debe restringir el ingreso creció de 17% a 30% y a 55.5% en dichos años.

En otro momento, abordamos los efectos de la migración venezolana sobre el reemplazo del empleo local y la reducción de los ingresos laborales (reportado por Asencio y Castellares, 2020). Una preocupación adicional es si la migración aumentó la informalización del empleo (y si ese efecto es diferente según género); (Vera et al., 2020) encuentran que no hay tal efecto, ni agregado ni según sexo. Como señalan los autores, esto podría deberse a que los venezolanos se insertaron informalmente sin desplazar a los trabajadores peruanos, o a que sí hay tal desplazamiento, pero que estos trabajadores desplazados encontraron rápidamente otro empleo informal.

Una preocupación más reciente es el grado de vulnerabilidad de los migrantes en el contexto del COVID-19. Recordemos que migrantes venezolanos pueden acceder al Sistema Integral de Salud (SIS), administrado por el Ministerio de Salud, siempre que tengan un permiso de residencia regular, o al menos un estatus de residencia temporal (con un permiso especial, el carné de extranjería), y también deben ser elegible en el registro social nacional del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).  Asimismo, según (Zambrano-Barragán et al., 2021), se estima que el 87% de los migrantes no tenía contrato formal en junio de 2020 y esta falta de protección social significa que tengan que incurrir en gastos sin la ayuda del Estado y por lo tanto tienen menos ingresos disponibles para la atención médica. Además, resulta preocupante que el 53% de los encuestados mencionó situaciones de discriminación en el sistema de salud y que estas actitudes discriminatorias hacia los migrantes suelen provenir del personal médico.

Asimismo, como consecuencia de la llegada de la pandemia, (Zambrano-Barragán et al., 2021) reportan una situación dramática: los participantes en la encuesta reportaron una disminución en el número de comidas consumidas diariamente, y algunos reportan comer solo una vez al día. Por otro lado, tras una medida de emergencia sanitaria a nivel nacional en abril de 2020, el Gobierno peruano puso el SIS a disposición de todos los extranjeros, independientemente de su ingreso regular o irregular al país, en caso de presentar síntomas de COVID-19. Sin embargo, los autores encontraron que los migrantes creían que el personal médico no sabía que la población venezolana podía acceder al SIS, y que una ignorancia general sobre la ley nacional era común entre el personal sanitario.

La xenofobia y discriminación ha sido también un tema latente. En el estudio de (Freier & Pérez, 2021) sobre ciudadanos venezolanos residentes en Perú, se encuentra que el 78% de los participantes menores de 35 años, y el 63% de aquellos mayores de 35 años,  indicó que había sufrido discriminación debido a su nacionalidad. Más aun, el 33% de las mujeres y el 24% de los hombres compartieron experiencias de criminalización como venezolanos. Estas alarmantes cifras deberían llamar a la reflexión no solo a la población en general (y, en especial, a los servidores públicos), sino debería constituir un llamado de atención al Estado, para que establezca políticas públicas para abordar este problema.

Referencias citadas

Asencios, R. & Castellares, R. (2020). "Impacto de la Inmigración Venezolana en el Empleo y los Salarios: el Caso Peruano," Documento de Trabajo N0. 002-2020. Lima: BCRP.

Freier, L. F., & Pérez, L. M. (2021). Nationality-Based Criminalisation of South-South Migration: the Experience of Venezuelan Forced Migrants in Peru. European Journal on Criminal Policy and Research, 27(1), 113–133. 

Vera, C., Jiménez, B., Rojas, P. V., & Silva, B. J. (2020). Migración venezolana e informalidad en el mercado local. 

Zambrano-Barragán, P., Ramírez Hernández, S., Freier, L. F., Luzes, M., Sobczyk, R., Rodríguez, A., & Beach, C. (2021). The impact of COVID-19 on Venezuelan migrants' access to health: A qualitative study in Colombian and Peruvian cities. Journal of Migration and Health, 3.

[1] Cifras de la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela: https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes.