Más de 80 alumnos iniciaron el programa de Especialización en Delitos Ambientales con Enfoque de Género e Inclusión Social desarrollado gracias a la iniciativa del Proyecto Prevenir de USAID y la implementación de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
El programa comenzó el lunes 26 de septiembre, entre los participantes se destacó la presencia de jueces del Poder Judicial, fiscales de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMAS), Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales.
La bienvenida del programa estuvo a cargo de Cecilia Aldave, Responsable del objetivo 1 Proyecto Prevenir de USAID y José Luis Ruiz, Director de Maestrías y Programas de la Escuela de Gestión Pública quien recalcó que la Universidad del Pacífico está comprometida con apoyar al fortalecimiento de capacidades que ayuden a defender el patrimonio natural del Perú.
Durante sus palabras de bienvenida, Aldave señaló que, “este programa de especialización ha sido diseñado con mucha rigurosidad académica, y cuenta con el reconocimiento oficial por parte del Estado Peruano, a través de la Universidad del Pacífico, lo que consideramos como un logro importante que forma parte de esta alianza con la academia."
Mientras que José Luis Ruiz, explicó la importancia de la realización de este tipo de programas de especialización con el propósito de atender la problemática de los delitos ambientales, cada vez más crítica en el país. “Quienes desde la academia y las políticas públicas nos vinculamos a la realidad ambiental, nos encontramos que este inmenso patrimonio natural que tenemos como país, debería desencadenar un círculo virtuoso de aprovechamiento sostenible y generación de recursos para que las comunidades que viven en una situación de vulnerabilidad económica y bajos índices de desarrollo humano puedan tener más y mejores oportunidades", afirmó Ruiz.
El diplomado tiene por objetivo aportar en la creación de una cultura que favorezca la prevención y combate de los delitos ambientales en el Perú, en especial la minería, la tala y el tráfico ilegal de la vida silvestre.
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