La Escuela de Gestión Pública de la UP presenta la iniciativa "Perú al Bicentenario: Desafíos y oportunidades" que reúne a diversos profesores y autoridades de nuestra escuela para opinar en 200 palabras sobre diversas problemáticas de nuestro país, y presentar propuestas de políticas públicas que contribuyan al desarrollo por nuestros 200 años de independencia.
A continación, presentamos los 19 análisis de nuestros profesores e investigadores:
Arlette Beltrán
Vicerrectora de Investigación de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre Equidad de Género:
"Actualmente, una mujer gana, en igualdad de condiciones, 15% menos que el hombre, ostenta una tasa de empleo 25% menor, y dedica un tiempo 2.5 veces mayor a las tareas domésticas y 15% más alto en cualquier modalidad de trabajo, sea remunerado o no. Frente a esta realidad, el desafío más urgente en equidad de género en el país es avanzar en el cierre de brechas que hombres y mujeres tienen frente al mercado laboral, la educación, la representación política, entre otros. Esto hará posible que ambos puedan aprovechar, por igual, las oportunidades de desarrollo profesional y personal que ofrece la economía y la sociedad, y que ello se logre sin poner en riesgo su bienestar y el derecho al descanso, y al cuidado personal que todos los seres humanos tenemos.
Resulta clave garantizar un sistema nacional de cuidado donde haya corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y las familias; lograr la redistribución equitativa de las labores de cuidado y del hogar entre hombres y mujeres: plantear esquemas de trabajo con horarios flexibles y modalidades de empleo desde el hogar; y fiscalizar las políticas salariales y de promoción laboral a fin de asegurar un tratamiento similar por el mismo tipo de responsabilidades".
Elsa Galarza
Directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre desafíos en Gestión Pública:
"El país enfrenta varios desafíos a distintos niveles. A nivel más general, se requiere reconstruir la gobernabilidad afectada por el proceso electoral. En este sentido, se requiere establecer los objetivos de política pública que se desea alcanzar en los próximos cinco años, así como el enfoque que tendrá el próximo gobierno. La claridad de estos objetivos permitirá que los distintos actores políticos, económicos y sociales puedan establecer acciones concretas que contribuyan a lograrlos.
Los desafíos más específicos tienen que ver con organizar el presupuesto público de manera que las prioridades de política se vean reflejadas en los recursos asignados para tal fin. Asimismo, los sectores salud y educación deberán tener especial atención del nuevo gobierno. La lucha contra la pandemia deberá seguir no sólo manteniendo o incrementando el ritmo de vacunación a nivel nacional, sino también mejorando los servicios básicos de atención. El retorno a las clases escolares es un aspecto que se debe priorizar con un adecuado protocolo y con un enfoque de refuerzo educativo, dado que muchos escolares no han podido seguir las clases virtuales. Finalmente, promover la inversión privada, a la par de la inversión pública, es un aspecto vital para lograr la reactivación de la economía".
Gonzalo Delgado J.
Director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la UP (CEMS)
Análisis sobre minería:
"El sector minero tiene retos tanto internos como externos para los próximos cinco años. Debe fortalecer su potencial transformador y su contribución al desarrollo sostenible tomando en cuenta las múltiples expectativas - no necesariamente comprendidas o compartidas entre partes – sobre su quehacer. El sector minero y el Estado deben desarrollar y trabajar sobre una comprensión compartida con los actores y partes interesadas sobre el valor, beneficios y limitaciones que el sector conlleva. Es crítico para poder priorizar agendas y para la creación de valor real a nivel local.
Necesita asimismo mantener y afianzar su atractivo para los inversionistas y posicionarse competitivamente en el mercado internacional. El atractivo de un país para la inversión minera ya no depende únicamente del potencial geológico y los factores financieros. Cada vez pesan mas los factores no financieros - la gobernanza social y ambiental (ESG) - para determinar riesgos materiales y oportunidades de inversión. El Estado y el sector minero deben desarrollar e implementar estrategias de comunicación, buscando la participación de las partes interesadas en plataformas multiactor que realcen los resultados que se alcancen en materia social y ambiental.
Hay avances en este terreno: la propuesta de una visión minera 2030, las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, el Plan Nacional de Trabajo Decente, Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021–2025. Y hay experiencias y modelos potencialmente replicables y escalables que deben ser compartidos con mayor generosidad".
Gustavo Yamada, director, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) y Profesor Principal, Facultad de Economía y Finanzas de la UP.
Pablo Lavado, director de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico, y profesor e investigador de la Universidad del Pacífico.
Análisis sobre mercado laboral:
"La triple crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia de COVID-19 ha evidenciado diversos problemas estructurales de la economía y sociedad peruana, tales como su elevada informalidad laboral. La eficacia de las medidas implementadas como respuesta a la emergencia se ha visto limitada por un mercado laboral predominantemente informal, y por lo tanto, alejado del Estado. El futuro inmediato no luce alentador, pues la informalidad laboral ha aumentado afectando ahora a cerca del 80% de la fuerza laboral peruana. Una nueva administración gubernamental tiene la obligación y urgencia de evaluar opciones de política y modificaciones a la legislación y administración laboral peruana para promover la reducción de la informalidad e incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo formales. Creemos que sí es posible plantear en el Perú una legislación laboral moderna que concilie un conjunto de derechos laborales fundamentales (para una gran mayoría de sus trabajadores) con la heterogénea realidad empresarial y productiva del país (que se desenvuelve en un mundo cada vez más competitivo y automatizado) en una nueva "normalidad" post pandemia".
José Luis Ruiz
Director Académico de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre la economía circular para la recuperación del COVID-19:
"La economía circular (EC) busca reutilizar los materiales para que nuestra prosperidad no esté ligada al agotamiento de los recursos naturales ni a la generación de desechos en una escala que excede nuestras posibilidades de manejo. El Perú ha dado los pasos iniciales para promover la transición a una EC. La EC ha sido incorporada en instrumentos de política de competitividad y productividad, en una hoja de ruta para el sector industria y se ha planteado plazos para documentos similares en pesca y acuicultura y agricultura.
Un elemento clave para seguir avanzando es aprovechar el Pacto Peruano por una Economía Circular firmado este mes de julio, con la participación del sector público, los gremios empresariales, la academia y la cooperación internacional. La colaboración entre todos estos actores es vital para detectar barreras normativas a la EC y actuar en su eliminación; así como para difundir los beneficios de la circularidad a la sociedad y obtener su compromiso.
Asimismo, es oportuno aprovechar la disposición de la cooperación internacional y la implementación de la hoja de ruta de las finanzas verdes en el Perú para facilitar el acceso de las PYMES a asistencia técnica y financiamiento para acelerar la adopción de tecnologías guiadas por el enfoque de economía circular.
La implementación de incentivos no financieros y mecanismos voluntarios –como los Acuerdos de Producción Limpia (APL) – son instrumentos complementarios importantes para empoderar a la sociedad civil y a las empresas y acelerar la transición hacia la EC".
Análisis sobre la valorización del agua:
"El ODS 6: "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos" plantea serios desafíos a nuestro país. Una lista no exhaustiva incluye: la sostenibilidad de los recursos hídricos, el déficit de acceso de hogares, centros educativos y centros de salud, la débil institucionalidad de los operadores de servicios de saneamiento, la escasa preparación frente a desastres naturales, entre otros.
Un elemento común a las acciones que es necesario emprender en torno a la gestión de los recursos hídricos es reconocer que se trata de un recurso escaso y, por lo tanto, se requiere que se establezca mecanismos de valorización que reflejen dicha escasez y que, incorporando criterios de equidad, orienten la eficiencia en la asignación del recurso entre la multitud de usos alternativos.
Es importante que la sociedad civil tome conciencia de los costos que afrontamos hoy debido a una provisión ineficiente de los servicios de agua y saneamiento y que se ocultan tras las tarifas o cobros por derechos de uso vigentes: conflictos sociales, escasa inversión, problemas sanitarios, sobrecostos asumidos por los sectores menos favorecidos, desincentivo de la adopción de tecnologías eficientes, baja capacidad de respuesta frente a fenómenos naturales, contaminación, entre otros.
La valorización del agua y el establecimiento de tarifas consistentes con ese valor es un proceso que tiene dimensiones económicas, sociales, ambientales e institucionales. Para ello se requiere establecer instancias de gobernanza multiactor (público, privado, sociedad civil) y multinivel (nacional y territorial) y acompañarlas de una voluntad política que permita buscar la solución de estos desafíos".
Alexandra Ames
Jefa del Observatorio de la Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre protección social:
"Lo primero es dejar de mirar a la salida de la pobreza monetaria como un indicador de éxito sin medir, como complemento, a la vulnerabilidad de retorno a esta situación ante cualquier eventualidad o crisis. Ya estábamos advertidos, pero la pandemia nos deja la gran lección de que necesitamos de un sistema de protección social que impida que, ante la pérdida de un empleo, cierre de un negocio, enfermedad grave de algún miembro de hogar o desastre natural, los hogares pongan en riesgo su alimentación o educación.
Lo segundo es implementar una estrategia contra la pobreza urbana desde una perspectiva de desarrollo de capacidades, que promueva la mejora de la competitividad y que permita acceder a mejores salarios. El enfoque debe estar en los jóvenes.
Lo tercero es que se debe seguir trabajando en reducir la pobreza rural, pero debe implementarse una estrategia más agresiva de cierre de brechas sociales. Pese a las mejoras, todavía somos un país en donde hay distritos que tienen un IDH similar al de países europeos (concentrados en lima), mientras que hay otros que obtienen niveles de IDH por debajo de África subsahariana.
Se debe hacer un seguimiento de territorio por territorio. Para esto y para lo anterior, la gestión de los datos es crucial. Urge mejorar los sistemas de identificación de calidad de vida de los hogares".
Análisis sobre políticas públicas efectivas:
"Hay tres claves importantes para tener políticas públicas más efectivas: Empatía, foco y evidencia. Las políticas públicas deben diseñarse con el objetivo de solucionar problemas públicos concretos por lo que se debe tener la capacidad de ponerse en los zapatos del ciudadano y de querer servirle mejor. El foco debe ser mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ante esto, es crucial el "Tracking" o monitoreo de avances. Sin medición, sin datos, sin evidencia, los funcionarios públicos seguirán remando a ciegas. Pero no basta con mejorar el enfoque de las políticas públicas.
Los sistemas administrativos deben rediseñarse de tal manera que estén al servicio del logro de los objetivos, que deben apuntar a la creación de valor público o de la generación del bienestar de los peruanos. Estos cambios son posibles, pero si no se trabaja en la revalorización del servicio público ni se crea un clima organizacional en donde los funcionarios se sientan orgullosos de su trabajo y tengan los objetivos, las metas y los resultados que tienen que lograr, no lograremos impactar de verdad.
El corazón del cambio y de la reforma del Estado, está en la reforma del servicio civil, pero esta no debe ser legalista, debe apuntar a movilizar equipos de trabajo hacia resultados".
Carlos Parodi
Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre economía:
"El principal y más urgente desafío es la reactivación económica sostenible con el objetivo de elevar el empleo; para ello se necesitan dos cosas: por un lado, mantener los equilibrios macroeconómicos que son dos: la estabilidad monetaria, a través de un banco central independiente, técnico y despolitizado y el manejo responsable de las finanzas públicas. Por otro, crear un ambiente adecuado para el crecimiento de la inversión privada, en especial de las MYPES. El empleo no se crea por decreto, sino con el crecimiento de la inversión en todos los niveles: privada y pública y de todo tamaño.
El segundo desafío es implementar una reforma tributaria atada a una que acelere la formalización de la economía peruana. Ningún país puede progresar si solo 1 de cada 2 empresas y 7 de cada 10 trabajadores son informales. Perú tiene una de las menores presiones tributarias de América Latina. Revisar exoneraciones y lograr que todos los que deben pagar impuestos, lo hagan, es imprescindible para que el gobierno tenga más dinero para invertir en sectores sociales. Esto debe unirse la impostergable mejora la calidad del gasto público. Mejor y no más estado es el desafío".
César Guadalupe
Docente e investigador de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre educación:
"Primero, debemos evitar las respuestas que ofrecen una acción puntual como "la" solución y reconocer que un sistema educativo es un asunto dinámico y complejo cuyo desempeño es el resultado de la acción de millones de personas (estudiantes y sus hogares, docentes, gestores, etc.).
Segundo, debemos evitar sobresimplificaciones que imponen imágenes poco útiles sobre la educación y que se vinculan a sus finalidades, así como a su propio estado: aunque estemos lejos de aquello a lo que tenemos derecho, sabemos que hemos estado mejorando.
Tercero, debemos reconocer los problemas y que muchos han sido agudizados por la pandemia. Asimismo, varios de los problemas trascienden lo educativo. Por ejemplo, cuántos de los locales escolares que no cuentan con servicios básicos están en dicha situación por que están ubicados en localidades que, justamente, no cuentan con dichos servicios.
Finalmente, la política educativa debe mirar la complejidad y proponer líneas maestras que aseguren coherencia y sostenibilidad en el tiempo. Contamos con un Proyecto Educativo Nacional recientemente actualizado a través de una masiva consulta y sólida reflexión. Este instrumento señala, junto a los propósitos de la labor educativa y al reconocimiento de los desafíos específicos del Perú contemporáneo, que necesitamos mover algunos impulsores del cambio, sin los cuales sería muy difícil romper con el limitado y tímido progreso observado en los últimos 25 años:
i. Entender la política desde las necesidades y características de las personas que aprendemos a lo largo de nuestras vidas y no desde la lógica burocrática de la gestión de lo que hoy tenemos como sistema,
ii. Apostar por la autonomía de las instituciones educativas para liberar su capacidad de innovación y adaptación al contexto lo que supone, en el caso de la Educación Básica, tener instituciones sólidas, fortalecidas con equipos docentes que actúen como tales,
iii. Fortalecer el carácter público de la educación independientemente de quien brinde los servicios, de modo que tengamos instituciones que acogen la diversidad (y no segregan) de una forma que les permita construir ciudadanía,
iv. Asegurar un financiamiento público que dote a las instituciones de los recursos que son necesarios en cada contexto y no que se asigne presupuesto desde una lógica inercial y de control que termina reproduciendo desigualdades, y
v. Un uso intensivo de tecnologías digitales que permita ajustar el trabajo a las condiciones de las personas.
Valoremos lo que tenemos y construyamos desde ahí evitando iniciativas aisladas y asumir que una sola persona o grupo de personas tiene "la" solución".
Claudia Salaverry
Profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre equidad de género en el sector público:
"Hoy en el sector público 5 de cada 10 servidores son mujeres. Así lo señala el Informe de SERVIR, "La mujer en el servicio civil peruano 2021". Esto es una buena noticia ad-portas de celebrar el Bicentenario de nuestra independencia y nos debe llevar a reflexionar sobre lo avanzado. A lo largo de estos años, el rol de la mujer en el sector público ha ido ganando espacio a punta de empeño y mucho esfuerzo. Actualmente se cuenta con políticas de Estado que buscan promover la equidad de género en el sector público y son de cumplimiento obligatorio. El tema de equidad de género es transversal, multisectorial y se refleja en los diferentes instrumentos normativos. Las políticas están dadas, las mujeres ya somos el cambio, y con procesos transparentes tendremos la oportunidad de seguir demostrando nuestro profesionalismo en cada reto que se nos presente. Y en este proceso, es importante el rol de quienes ocupamos cargos directivos, puesto que debemos velar por el cumplimiento de estas políticas en nuestras entidades. Debemos cuidar lo ganado y seguir avanzando a paso seguro. Cuando una mujer decide seguir una carrera pública es porque sus expectativas son altas. Está en nuestras manos escribir la historia".
Joanna Kámiche
Profesora de la Facultad de Economía y de la
Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre sector ambiental:
"La llegada al Bicentenario nos encuentra luchando por recuperarnos de una pandemia; no obstante, ello debe lograrse con una visión de desarrollo sostenible, que combine lo económico, lo social y lo ambiental, y a la vez, con una perspectiva de competitividad. Lo que se requiere es que las personas, empresas e instituciones gubernamentales vean lo ambiental como un elemento transversal a sus decisiones, que les puede permitir lograr mayor productividad y competitividad. Es decir, se necesita que las personas compren bienes y utilicen servicios que sean ambientalmente más amigables; que las empresas utilicen sus insumos de manera eficiente e innoven en sus procesos productivos para reducir la contaminación, la emisión de gases efecto invernadero, minimicen de residuos y promuevan el reciclaje.
El gobierno tiene un marco normativo que contribuye con esta perspectiva (por ejemplo, la economía circular, la política de productividad y competitividad, entre otros). Lo que es necesario ahora es que los mecanismos de promoción económica, como préstamos y fondos para la recuperación requieran que los actores (sector privado, personas) incluyan la variable ambiental dentro de sus acciones, a través de la búsqueda de procesos de consumo y producción más sostenible. De esta forma, el gobierno se convierte en un promotor del desarrollo de manera activa. Un punto esencial en el proceso es la promoción de mecanismos (financiamiento, asistencia técnica) para la innovación en la producción, con un enfoque de economía circular".
José Luis Pérez Guadalupe
Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre Seguridad ciudadana:
"Al comenzar nuestro tercer siglo de vida republicana uno de los problemas más álgidos y estructurales que enfrenta nuestro país es el de la inseguridad ciudadana.
Podríamos comenzar mostrando todas las estadísticas de criminalidad de los últimos años y constatar el incremento sostenido del número, violencia, modalidad y mortalidad del fenómeno delictivo en nuestro país. Pero, el mayor problema que tenemos frente a esta innegable realidad es el abordaje 'compartimentalizado' de los diferentes estamentos del Estado.
Por eso, el gran reto que le depara al nuevo Gobierno del Bicentenario es, en primer lugar, liderar una nueva visión que articule de manera integral a todos los actores del Sistema de Justicia: Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial y Sistema Penitenciario. Pero, en segundo lugar y no menos importante, a todos los actores que trabajan en la prevención de la criminalidad (no solo en la represión de la misma), sobre todo, los gobiernos regionales, las municipalidades, las instituciones sociales (religiosas, deportivas, sociales, etc.), la sociedad civil organizada, etc.; sin olvidar el trabajo intersectorial del Ejecutivo. El Ministerio del Interior no es el único responsable de la inseguridad ciudadana, sino todas las instancias del Estado, porque cada sociedad produce su propia delincuencia; además, ella no conforma una sociedad aparte, sino que es parte de la sociedad.
Prevención e Intervención son los dos grandes ejes de este nuevo reto que representa la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero, ¿quién lo tiene que liderar? El nuevo Presidente del país, junto con los presidentes de los otros poderes del Estado, Legislativo y Judicial, en un 'Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana".
Juan Carlos Pasco
Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre medidas anticorrupción:
"Me centraré en cuatro (4) desafíos imprescindibles. Lo primero es asegurar el fortalecimiento del Sistema de Integridad Público, Oficinas de Integridad y Gobierno Abierto en la mayor cantidad de entidades públicas, construyendo un modelo con enfoque sistémico, basado en datos y construcción de evidencias, que interopere e intergubernamental.
El segundo es el fortalecimiento de las contrataciones públicas con Integridad dado el alto potencial de corrupción. Se deben implementar más instrumentos de contratación ágiles, mayores herramientas de debida diligencia y, mecanismos innovadores como el Open Contracting, para asegurar máxima apertura de información, incluidos los datos abiertos para control ciudadano y de entes fiscalizadores.
El tercero lo vinculo a la Rendición de cuentas, control y vigilancia ciudadana para generar mayor confianza. Se deben construir plataformas de comunicación y reporte ante situaciones que tengan visos de corrupción, pero también se debe comunicar más sobre actos de corrupción y cómo evitarlos.
Finalmente, un empoderamiento de los equipos de investigación y de sanción, acompañados de mayor "credibilidad" a partir de resultados sostenibles y difundidos. El "temor a la ley" también es necesario y no necesariamente lo tenemos en nuestro "chip" ciudadano. Allí viene un trabajo de largo plazo y multisectorial (educación, Fuerzas policiales, Justicia, otros)".
Por Karla Gaviño Masías
Profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre infraestructura e inversión pública:
"La gestión sigue siendo el principal desafío que enfrenta la infraestructura pública peruana, lo que se materializa en las dificultades de coordinación entre los distintos actores que participan en su desarrollo, incluyendo las complicaciones para aplicar de forma articulada los procesos de los distintos sistemas del Estado que confluyen a lo largo de sus distintas fases o etapas.
A lo expuesto, se suma la inadecuada identificación de los proyectos a desarrollar, la baja calidad de los estudios de preinversión y expedientes técnicos, las dificultades en el diseño y ejecución de contratos, la ausencia de un adecuado saneamiento físico legal de los terrenos a lo largo del país, junto con la necesidad de fortalecer el seguimiento y el acompañamiento de los principales proyectos de infraestructura e inversiones públicas. Resulta aconsejable, por ejemplo:
i. Implementar mecanismos de seguimiento y acompañamiento potentes y empoderados al más alto nivel, sobre todo para los proyectos prioritarios de mayor impacto.
ii. Evitar la constante rotación del personal encargado de la gestión de los proyectos de infraestructura e inversiones públicas, apostando por la capacitación constante y por la meritocracia.
iii. Fomentar las herramientas colaborativas de gestión para proyectos de mayor envergadura.
iv. Realizar un análisis profundo y articulado entre los distintos niveles de gobierno, sobre la situación de los terrenos, inmuebles y activos destinados a la infraestructura pública.
v. Identificar una cartera de inversiones públicas de pronta ejecución, impulsándola en paralelo a los grandes proyectos.
Estos esfuerzos requerirán adicionalmente del fomento de la participación privada en la infraestructura pública, de seguridad jurídica, y de un adecuado clima político que permita la continuidad de las decisiones y procesos a implementar".
Marcel Ramírez
Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre economía:
"Lo desafíos más importantes que enfrenta nuestra economía debemos diferenciarlos en de corto plazo o de recuperación de la economía post-pandemia y de reconstruir los fundamentos para generar crecimiento sostenido y una ruta al desarrollo.
La recuperación de la economía requiere, entre otros, las siguientes medidas: i) profundizar la vacunación a nivel nacional que permita la reapertura de actividades económicas en los sectores de servicios que concentran importante empleo, ii) recuperar la confianza de los inversionistas que se ha visto afectada por la incertidumbre del largo proceso electoral y los mensajes de medidas que podrían afectar la tan importante estabilidad macrofiscal del país, iii) continuar el establecimiento de metas firmes de ejecución de inversión pública, por su efecto temporal en el empleo y el cierre de brechas de infraestructura a nivel regional y local.
La reconstrucción de los fundamentos de un crecimiento sostenido requiere reformas más profundas y que no se deben postergar más: i) repensar el rol del Estado y orientarla claramente hacia la máxima eficiencia y mayor eficacia teniendo realmente el bienestar del ciudadano en su centro, ii) lograr fijar metas claves del Plan de Competitividad y Productividad que enfrenten los graves rezagos en la informalidad laboral, baja productividad y baja competitividad; una estrategia clara de reducción de la corrupción; y iii) definir claramente un rumbo estratégico que oriente las múltiples políticas públicas alrededor de objetivos de nivelación de oportunidades de acceso a educación y salud de calidad para las nuevas generaciones.
La economía no lo es todo y lo que el país requiere es construir calidad de crecimiento sobre la estabilidad macrofiscal, cerrando brechas que erosionan aún más la confianza ciudadana en sus autoridades y así recuperar el capital social del país".
Natalia Manso
Profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre rol del Estado en el impulso de la RSE:
"Llegamos al Bicentenario tras más de un año de extrema dureza en términos sociales, económicos y empresariales. La desafección y la desesperanza nos abrazaron, la corrupción fue indolente ante el sufrimiento humano y las empresas - las responsables- hicieron cabriolas para sobrevivir, desapareciendo varias en medio de la tormenta perfecta.
No dejemos que la crisis nos robe la ilusión. Nos ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros mismos, y le hemos visto el verdadero rostro a muchas organizaciones. Es cierto que algunas empresas se mostraron como el Rey Desnudo, y siguen en negación de sus falencias; incluso algunas sacaron ruin ventaja del infortunio de los peruanos. Sin embargo, es emocionante ver cómo otras han mostrado que sus políticas de responsabilidad social y compliance eran algo más que una imagen, que su cultura organizacional se asentaba sobre bases sólidas, construidas antes de la pandemia, que les permitieron encarar los retos con resiliencia y compromiso con sus empleados y con el entorno.
Tenemos la oportunidad histórica de construir una forma diferente de hacer negocios, transitando juntos por un camino que ya muchas organizaciones han emprendido a través del fortalecimiento, en la adversidad, de una cultura de la integridad, el respeto y la inclusión".
Rosario Gómez
Profesora e Investigadora del CIUP y de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre ciudades sostenibles:
"En el Perú, diferentes ciudades transitan por una ruta hacia la sostenibilidad, aunque con rítmos variados, avances y retrocesos. Durante los últimos 20 años, el crecimiento económico impulsó el crecimiento de ciudades. En efecto, el 79% de la población vive en ciudades. Sin embargo, el crecimiento urbano se ha caracterizado por una ocupación desordenada del territorio, con un acceso variado a servicios básicos, agudizando la contaminación del aire, el agua y aumentando la vulnerabilidad frente a eventos extremos (p.e. inundaciones, sismos).
En la ciudad se brindan servicios a los ciudadanos y empresas con la finalidad de contribuir con el bienestar de la población y la competitividad de las empresas. Por tanto, el reto es cómo impulsar ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, en concordancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. El bicentenario es un hito para renovar el compromiso por la construcción social de las ciudades.
Para ello, es necesario focalizar los esfuerzos en dos niveles: planificación urbana e instrumentos para la gestión. La planificación urbana exige asegurar una ocupación ordenada del territorio que permita el acceso a servicios básicos para los ciudadanos y facilite la gestión de riesgos de desastres. En el proceso de planificación es necesaria la participación organizada e informada de los actores sociales. Para ello, se requiere de una evaluación integral del desarrollo de la ciudad que permita discutir sobre escenarios posibles. En cuanto a los instrumentos de gestión, es necesario fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, diseñar sistemas de información para la toma de decisiones y adecuados para el monitoreo sobre el avance en el cumplimiento de metas. De igual forma, diseñar instrumentos económicos para fomentar en los ciudadanos un comportamiento hacia la construcción de ciudades sostenibles (p.e. tarifas, bono verde, reembolsos)".
Omar Narrea
Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre Infraestructura y cadenas de valor:
"La actualización de los billetes del BCR no solo muestra la solidez con la que entra nuestra moneda al bicentenario. Más importante aún, merecidamente resalta nuestra riqueza, recursos, legado y destacados peruanos y peruanas. Equivalentemente, los gobiernos regionales tienen la posibilidad de resaltar sus potencialidades en los Planes de Desarrollo Regional Concertado. En Cuzco, el gobierno regional vincula la misión del territorio con ser un destino mundial de turismo con desarrollo competitivo. Así, estos planes dan la mirada de cóndor para identificar con qué cadenas productivas destapar la producción, comercio y generación de empleo.
El bicentenario es la oportunidad para complementar la mirada de cóndor con la mirada de colibrí en planes provinciales y distritales, donde se aterricen qué infraestructuras y estrategias ejecutar para integrar centros productivos a mercados regionales y nacionales. En plena pandemia, se inaugura la Expo Café de Puno gracias al apoyo de la municipalidad de la ciudad para apoyar a los productores de la provincia de Sandia. La mirada de colibrí puede darle la perspectiva integradora a las regiones para generar sinergias entre ciudades y centros productivos de manera que los emprendedores locales aprovechen la riqueza territorial con el apoyo de autoridades con visión de cóndor".
Silvana Huanqui
Profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Análisis sobre descentralización:
"El principal desafío del proceso de descentralización es desarrollar efectivos mecanismos de coordinación intergubernamental entre las entidades de los diferentes niveles de gobierno, a fin de que se pueda llevar a cabo una adecuada planificación e implementación de políticas bajo una lógica de desarrollo territorial sostenido.
Esto implica, por un lado, la identificación conjunta de las principales brechas de bienes y servicios basado en el levantamiento de información a nivel de distrito o incluso centro poblado respecto a las verdaderas necesidades de la población. Por otro lado, el desarrollo de estrategias e intervenciones, estableciendo las competencias y funciones de cada nivel de gobierno; competencias que deben de ser capaces de conversar con la asignación presupuestal e indicadores de desempeño establecidos. Y principalmente, los mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, que deben plantearse bajo una lógica de productos y resultados específicos.
La descentralización desde el inicio ha carecido de una visión de desarrollo integral de largo plazo, los objetivos nacionales no han sido capaces de traducirse en políticas regionales y locales, y las intervenciones han sido resultado de políticas miopes, aisladas y con poca o nula trascendencia en la mejora de indicadores económicos y sociales".