El Pleno del Congreso de la República aprobó el 24 de agosto próximo pasado el proyecto de ley que permite el pago de hasta S/ 4.300 (1UIT y alrededor de US$ 1.200) a los asegurados activos e inactivos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Además, la norma indica que esta entidad pagará S/ 930 (un sueldo mínimo, de cerca de US$ 260) por única vez a los pensionistas del DL 19990. Por último, la ONP “devolverá” el total de contribuciones a las personas de 65+ años que no lograron cumplir los requisitos para obtener una pensión. Esto último es un sinsentido puesto que el reparto de la ONP no permite la distribución de un fondo inexistente. El Ejecutivo anunció que demandará la inconstitucionalidad de la norma ante el Tribunal Constitucional y la ONP comunicó que como aún no se ha promulgado la ley, no realiza pago alguno. 

El costo de la implementación de esta norma ascenderá a alrededor de S/ 15.000 a S/ 17.000 millones (entre US$ 4.185 millones US$ y 4.742 millones), cerca del 2% del PIB y, de acuerdo a estimados preliminares, el “retiro” de contribuciones del reparto y los pagos extraordinarios afectarían a más de 4 millones de personas. Si bien el proyecto de ley parece eliminar el sesgo de inequidad con relación a los afiliados en las AFP –quienes han accedido a distribuciones de sus fondos individuales–, se han desperdiciado dos oportunidades y se ha creado una inequidad mayor a nivel de la sociedad. Nótese que las distribuciones del fondo de pensiones de los afiliados de las AFP –el 95,5% al momento de la jubilación y los retiros de 25% para vivienda, enfermedad terminal y recientemente, por COVID-19– constituyen un beneficio exclusivo que estuvo negado para los asegurados en la ONP. Sin embargo, estas distribuciones desvirtuaron el fin último del sistema privado de pensiones. Al mismo tiempo, generaron malestar entre los asegurados a la ONP que no pudieron beneficiarse con un “retiro”. 

​​​​​¿Cuáles son las oportunidades perdidas? La primera es la extensión de la cobertura de Pensión65 (P65) a la mayor parte de la población de 65+ años que en la actualidad está totalmente desprotegida y es sostenida con reducidos ingresos de su propio trabajo (continúan empleándose a pesar de su edad y, muchas veces, de enfermedad) o por sus familiares. Esta población incluye personas 65+ que alguna vez aportaron a la ONP pero que no tienen pensión por no cumplir los 20 años requeridos de contribución. Extender P65 al millón de personas 65+ que no califica como extremadamente pobre y que podría haber contribuido a la ONP durante su vida laboral podría costar alrededor de S/ 2.700 millones (US$ 753 millones) cada año (comparado con el costo de S/ 15.000 a 17.000 millones de la norma en cuestión). P65 en la actualidad cuesta unos S/ 910 millones (cerca de US$ 254 millones) y cubre a 550.000 personas 65+. En el futuro, este pago sería presupuestado y se financiaría con el crecimiento económico y la mayor presión tributaria a medida que otras medidas permiten la afiliación progresiva de la PEA. Cuando las personas 65+, que hubieran sido beneficiarias de la extensión de la cobertura de la pensión social, obtuvieran el registro de sus años de contribuciones a la ONP, podrían obtener un incremento proporcional al tiempo de contribución en sus pensiones. 

​​​La segunda oportunidad que se perdió fue la flexibilización del plazo de contribuciones en la ONP para acceder a una pensión. Por ejemplo, el plazo mínimo de contribución podría reducirse a 10 años y la pensión se descontaría proporcionalmente. En la actualidad la pensión mínima mensual de la ONP es S/ 500 (alrededor de US$ 1​​​40), de modo tal que una pensión descontada por la mitad del plazo de contribución podría ser, por ejemplo, de S/ 250-300 mensuales (US$ 69-84). Esta pensión sería por lo menos el doble de la pensión social, S/ 125 mensuales (cerca de US$ 35). 

Ambas oportunidades, extender la pensión social y flexibilizar la ONP, podrían haber sido acompañadas de un pago compensatorio a los asegurados activos e inactivos de la ONP. Este pago permite el trato recíproco de asegurados y afiliados a la ONP y AFP respectivamente, aspecto que se encuentra presente en la norma analizada. Destacamos que la cobertura previsional contributiva en Perú alcanza a sólo la tercera parte de la PEA. 

El proyecto de ley sobre la ONP es el resultado de un conflicto político y un impase sustancial entre el Ejecutivo y el Congreso. Ambos poderes carecieron de las competencias para transformar esta nueva batalla en una opción viable que eleve el bienestar de una gran parte de la sociedad. El conflicto se ha nutrido de la enorme frustración de la población con el sistema previsional. Son conocidos sus problemas de suficiencia, cobertura, eficiencia y falta de integralidad. Al mismo tiempo, los congresistas y sus bancadas están, en la práctica, en campaña por los comicios electorales para presidente que se realizarán en ocho meses. Por otro lado, el gobierno procura mitigar la pandemia, con la fatalidad más elevada a nivel global, e intenta reactivar la economía cuyo nivel de actividad ha caído sustancialmente –la mayor caída en América Latina. 

Desafortunadamente, el Congreso puede promulgar esta ley por insistencia en caso el Ejecutivo se niegue a promulgarla. Entonces, se armará un pandemonio. Será muy duro observar la movilización de millones de personas reclamando su derecho ante una ONP pobremente preparada para procesar los cientos de miles de solicitudes, cada una con características únicas a fin de poder realizar el pago del íntegro de contribuciones a las personas 65+. Con relación al pago de los S/ 4.300 a asegurados activos e inactivos, confiemos en haber aprendido de la distribución de los cuatro bonos anteriores para evitar las interminables colas y el posible contagio. Finalmente, confiemos en que el Ejecutivo encuentre la mejor manera para financiar el 2% del PIB durante esta pandemia y en vista de la caída de sus ingresos fiscales.