En mayo de 2013, el presidente Ollanta Humala promulgó la
Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, más conocida como la ley contra la “comida chatarra”.
Motivados por esta medida, un grupo de investigadores del
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico decidió publicar una serie de ensayos, desde perspectivas diversas y antagónicas, que dio luz a
"Comida chatarra, Estado y mercado", una colección que por sus múltiples directrices es un debate en sí mismo.
Las estadísticas nacionales advierten que 19,8% de niños peruanos menores de 16 años presenta sobrepeso o está en riesgo de obesidad; y que un tercio de los niños menores de 5 años corre la misma suerte. Pero la complejidad de esta situación aumenta cuando a estas cifras se le suma el hecho de que la desnutrición crónica infantil aún se mantiene en 18,1%.
“Esta realidad representa un importante desafío para el Estado peruano por sus implicancias económicas no solo en el presente sino también para el futuro, en cuanto a las enfermedades resultantes de pobres condiciones de alimentación,” dice Leda Pérez, profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la UP y una de las autoras del libro.
Esta ley abre, entonces, un debate sobre el Estado y su relación con los ciudadanos; cuál es la línea entre lo público y lo privado y hasta qué punto debe –o no– incidir el Estado en las vidas de los peruanos.
Para
Cecilia O´Neill, profesora y jefa del Departamento Académico de Derecho y autora, la adopción de la ley requiere una discusión filosófica más profunda, ya que diversas categorías y valores –jurídicos y sociales – se encontraban en juego: el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de empresa, el derecho de los padres a educar a sus hijos, el paternalismo jurídico y el deber del Estado de proteger la salud de las personas.
“El objetivo de la norma es incuestionable,” dice O’Neill, “es razonable y plausible promover la alimentación saludable en los niños”. Pero para la autora, hay un salto lógico entre el objetivo de la norma y la interferencia que ella produce en la vida de las personas afectadas, como los niños, padres, escuelas, empresas, anunciantes, publicistas y el Fisco.
“La norma pasa de los buenos deseos y de la promoción y difusión de ideas saludables, a interferir en decisiones sobre la alimentación de los niños y adolescentes que competen exclusivamente a los padres”, dice O´Neill.
¿Puede una sociedad decidir bien por sí misma, sin intervención del Estado? ¿Puede, por ejemplo, cambiar sus hábitos alimenticios al enfrentarse a una tendencia que la está llevando al sobrepeso y la obesidad?
Liuba Kogan, profesora y jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, dice que lo que hemos aprendido por imitación o repetición en nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos se vuelven naturales, al punto que no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, dice Kogan, “aprendemos a comer, hablar, sentarnos o descansar, de modos tan fluidos que resulta difícil reeducar dichos hábitos: son disposiciones adquiridas. Cambiarlas requiere mucho esfuerzo”.
En efecto, la preferencia por los alimentos grasos y dulces no es cosa actual.
Jürgen Schuldt, profesor del Departamento de Economía, quien está de acuerdo con gran parte de la normatividad de la ley, escribe en el libro que esa preferencia está “acurrucada en nuestro cerebro” desde épocas ancestrales, lo que hace que sea tan difícil –pero no imposible– modificar los patrones de consumo.
“En los cientos de miles de años en que nuestros parientes lejanos del Pleistoceno se desplazaban y sobrevivían como cazadores-recolectores, la gran ingesta de grasas y azúcares de los pobladores era perfectamente racional para asegurar la supervivencia, dadas las condiciones ambientales, de las tribus que tenían que soportar largas épocas de abundancia y de escasez de comida”, dice Schuldt.
¿Peor o mejor con ley?Desde el punto de vista teórico, dice
Juan Mendoza, profesor y director de la Maestría de Economía, no está claro que la restricción o prohibición a la publicidad de comida no saludable tendría efectos significativos sobre el consumo calórico de los niños. Existen evidencias que sugieren que la eliminación de la publicidad de comida no saludable reduciría el consumo de calorías de los niños, pero que el efecto sería pequeño. “Si esta publicidad no afecta la demanda total por comida no saludable, sino solo la de una determinada marca, entonces no produciría una caída en el número de personas obesas del país”, dice el autor.
Cabe aquí recalcar que la ley pretende regular la publicidad que propone, por ejemplo, que la ingesta del alimento publicitado hará al niño más popular entre sus amigos, o adquirirá súper poderes, lo hará más inteligente, o busque de alguna manera confundirlos o inducirlos a error respecto de la relación entre la realidad y los beneficios nutricionales del producto anunciado.
“Por lo general, los niños no tienen la capacidad de evaluar efectivamente los reclamos publicitarios y, por ello, toman la información contenida en el comercial como si fuera una verdad precisa y sin sesgo. Por lo tanto, ellos son más susceptibles a la persuasión de la publicidad que los adultos”, dice
Matilde Schwalb, autora y vicerrectora de la Universidad del Pacífico.
“Aunque no somos un país de obesos, estamos engordando”, dice Schwalb. El aumento de las bebidas azucaradas está asociado con el incremento de la obesidad infantil. “Existen una serie de estudios que identifican los factores contribuyentes a la obesidad en los niños, como el tiempo que pasan los niños frente a la pantalla del TV. A esto, además se le suma la falta de actividad física de los niños.”
Pero la compleja realidad del Perú, aún con un alto nivel de pobreza y desnutrición infantil, nos fuerza a preguntarnos si restringir las malas opciones incrementa las buenas.
“Piense alguna vez que se haya muerto de hambre durante todo el día y solo llegue a comer en la noche. ¿Le provoca una ensalada?” dice
Óscar Súmar, profesor del Departamento Académico de Derecho. “Aplique eso a la vida diaria y multiplíquelo por 365 días de un año”, que es similar a las circunstancias por las que pasa una persona con escasos recursos.
“Antes de preocuparnos por cosas como la nutrición (comida de mejor valor nutricional), primero tenemos que tener comida. Suficiente comida. Consistentemente”, dice Súmar.
En el Perú aún no está claro si el problema principal para el Estado peruano es el sobrepeso o la desnutrición infantil. De hecho, hay siete departamentos en los que la prevalencia de la desnutrición crónica infantil supera el 30 por ciento. Mendoza dice que “si la Ley tiene éxito en restringir el consumo calórico, podría también tener un efecto negativo en el estado nutricional de algunos niños y adolescentes”.
Pocas veces ha habido una ley que cause tanto revuelo, como la Ley contra la “comida chatarra” en el Perú. En esta colección, los autores Baltazar Caravedo, Francisco Galarza, Emilio García, David Mayorga, Fernando Ruiz, Guillermo Runciman, Elio Vélez, Alonso Villarán, además de los citados previamente, exploran la compleja situación que enfrenta el Estado peruano para la adecuada adaptación de esta ley y la evaluación de los resultados deseados.
A pesar de las opiniones y reflexiones divergentes, los autores coinciden en que para lograr los objetivos de esta ley, es necesario mayor debate público y más investigación empírica y rigurosa sobre la obesidad en los niños, niñas y adolescentes peruanos.
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"Comida chatarra, Estado y mercado" aquí.